Todo lo que miro y veo, no me hace olvidar la responsabilidad de la política como el mejor camino  para los sin voz, de tener las mismas oportunidades.

La democracia se sustenta en los partidos políticos y el PSOE de Andalucía siempre ha sabido mirar lo que otros no ven: Entender el poder político como un sentimiento de utilidad para los demás y ser parte de una sociedad que confía en si misma.

El socialismo, y en especial el andaluz, han contado siempre como fortaleza con un proyecto de ideas y valores adecuado a su tiempo. Un partido de hombres y mujeres  que se asemeja y forma parte de la sociedad, y un líder impulsor y valedor de las aspiraciones y emociones de los ciudadanos.

Por delante, 38 días de responsabilidad compartida y de cooperación para actualizar parte de nuestras fortalezas. Todo indica que lo mejor es afrontar el Congreso Regional del PSOE-A, el próximo marzo, desde este convencimiento, lejos de oportunismos que disfracen intereses personales con intereses generales del partido, distantes de  los problemas que la sociedad vive hoy.

Tengo confianza en el oficio de mi partido, y se que lo resolveremos bien actualizando nuestra alianza con los andaluces, multiplicando voluntades individuales, consolidando vehiculo y camino para lo colectivo.

Aportar lo mejor de cada uno de nosotros con generosidad y confianza es a mi juicio un excelente ingrediente al éxito de este impulso político.

Cuando ya hemos sobrepasado dos años de crisis económica y aún hoy no vislumbramos con certeza su salida; cuando el bombeo diario de información continúa incesantemente desde todos los flancos y no son pocas las propuestas para frenar o aliviar sus estragos, corremos el riesgo de saturarnos y de perder la perspectiva de su génesis y evolución.

Recordemos que la dinámica del sistema económico vigente, el capitalismo, exige que una parte del excedente se reinvierta para que la economía pueda continuar por una senda de expansión. En los últimos tiempos no ha ocurrido así. Sólo una pequeña parte, por contracción de las posibilidades de inversión, ha ido a parar a la producción real, destinándose el grueso a los mercados financieros, cada vez más complejos y autónomos.

Sumemos a lo anterior el auge del sector inmobiliario como destino privilegiado y rentable de los excedentes, para más tarde producirse la conexión de lo inmobiliario y lo financiero, mediante la conversión de las hipotecas en activos a través de los procesos de titulización.

Estos procesos de titulización de las deudas financieras originarias, con la connivencia de la agencias de ratings y la tolerancia de las Administraciones, ha sido práctica común en las economías desarrolladas, tanto más cuanto más sofisticados y modernos sean sus sistemas financieros nacionales y con la aportación adicional que proporciona la existencia de unos paraísos fiscales tan retóricamente denostados como profundamente consentidos.

Así, hemos asistido a lo largo de los últimos treinta años a una profunda liberalización de los movimientos de capital, a una privatización de la banca pública, a un tratamiento fiscal ventajoso en las célebres stock options, a la supresión de la previa autorización a los actores financieros para el lanzamiento de sus productos, a un cuestionamiento del aseguramiento público a favor de los fondos de capitalización privada, a la laxitud y abandono de los mecanismos de control y supervisión de las finanzas, a una liberalización del suelo, del sector energético, etc.

Hoy surgen con fuerza debates acerca de qué tipo de regulación permitirá a las economías funcionar de manera adecuada. Y la cuestión debe centrarse en prever qué tipo de marcos permiten que en las decisiones de las empresas y de los consumidores no sólo primen los costes y beneficios privados, sino también, los impactos sociales y ambientales que generan y que recaen sobre el conjunto de la sociedad.

Existen voces, de un lado y de otro del Atlántico, que apuestan por un gran pacto entre las fuerzas políticas, al estilo del que se produjo después de la 2º Guerra Mundial,  a fin de superar la crisis global que tiene el potencial de ser la más destructiva desde la Gran Depresión de 1929 y de que esta no acabe  convirtiéndose en una crisis política. Una salida pactada que podía  inspirarse en la de 1929, un New Deal. Este consistió, en líneas generales, en una serie de medidas de salvamento del sector financiero y de estímulo a la agricultura y a la industria, pasando por la conservación de la naturaleza y por la devolución de la influencia a unos sindicatos hasta entonces demediados.

El pacto es una condición necesaria para afrontar la salida de la crisis, pero no es suficiente. El carácter global de la recesión tiene efectos homogeneizadores y comunes como crisis financiera, falta de liquidez, restricciones del crédito, inflación y luego deflación, caída del consumo y de la inversión, parón de la economía, incremento del desempleo, etc. Puede parecer que cuando los efectos de la crisis global mejoren, las economías nacionales se irán recuperando de manera similar, desdibujándose los problemas estructurales propios de cada país.

En el caso de España, será necesario reconducir un modelo de crecimiento de baja productividad. Éste se basaba en demasía en una evolución insostenible de la construcción (en 2008 este sector representaba el 11% del PIB y el 14% del empleo, la mitad en construcción residencial).

Pese a estas deficiencias, en el transcurso de la última década España ha crecido más (a veces hasta el doble) que las economías de nuestro alrededor. Estas circunstancias son irrepetibles, sea cual sea el desenlace de la actual crisis económica. Entonces emergerá el principal problema de la economía española, relacionado con su modelo de crecimiento: la falta de competitividad.

El concepto de competitividad está directamente relacionado con el de productividad. Su crecimiento ha sido muy limitado en nuestra economía. Incrementar la productividad para mejorar la competitividad y sustituir un crecimiento sustentado en el ladrillo por otro basado en el capital tecnológico, físico y humano cualificado, exigirá un esfuerzo colectivo durante más de una legislatura y para el que se precisa el consenso de la población y de sus representantes.

La crisis económica no sólo plantea profundos desafíos sino que también nos ofrece tremendas oportunidades para promover un cambio de modelo de desarrollo económico, que ponga por delante y se inspire en dos principios que deberán guiar todas las acciones que se emprendan: justicia social y sostenibilidad medioambiental. El papel del Estado será crucial para marcar las nuevas reglas de juego, para aportar su visión estratégica de largo plazo y para dinamizar a los agentes económicos y sociales en la perspectiva de encontrar un modelo de desarrollo económico más sostenible.